DOS AÑOS DE SILENCIO TAMBIÉN CONSTITUYE UNA FORMA DE RESPUESTA

Las responsabilidades, las indiferencias y el compromiso de las instituciones culturales con quienes hacen posible sus proyectos.

Durante el año 2024, Macro Arte Contemporáneo, a través de la gestión de Jose Castillo Picado, impulsó la llegada a Costa Rica de Abel Azcona, artista español de amplia trayectoria internacional, como parte de una línea de trabajo que Macro ha desarrollado durante año de gestión de proyectos expositivos, residencias, colaboraciones e intercambios culturales.

Después de numerosas reuniones, conversaciones y la construcción de un plan de trabajo, y con el acompañamiento del Centro Cultural de España en Costa Rica, se logró consolidar la exposición “Matar al padre”, que tendría lugar en la Galería Nacional del Museo de los Niños.

El proyecto representaba una oportunidad importante para la escena artística costarricense y para la propia institución que recibiría la muestra. No era un acontecimiento aislado, sino el resultado de años de trabajo, relaciones profesionales, gestión independiente y articulación entre diferentes agentes culturales.

Sin embargo, lo que debía ser un acontecimiento expositivo terminó convirtiéndose en una experiencia que dejó al descubierto una serie de interrogantes sobre las responsabilidades institucionales, las condiciones de trabajo y, especialmente, el respaldo que reciben quienes desarrollan proyectos culturales dentro de espacios que se presentan como plataformas de apoyo al arte.

La historia tuvo un giro dramático durante los días previos a la inauguración. Un accidente ocurrido en las instalaciones, tras una caída desde una escalera de aproximadamente seis metros, dejó a Jose Castillo Picado gravemente herido. El diagnóstico contempló fracturas craneales en cinco partes y una costilla rota. Su condición fue de extrema gravedad y permaneció alrededor de siete días en coma, con un pronóstico incierto que llegó a poner su vida en riesgo.

Mientras familiares y allegados enfrentaban la incertidumbre de no saber si sobreviviría, surgió una pregunta elemental: ¿existía algún seguro institucional que pudiera ofrecer cobertura al accidentado? No se trataba de solicitar una compensación económica, ni de trasladar a la institución los gastos personales de una familia. Se trataba de conocer si existía alguna cobertura de riesgos o responsabilidad hacia terceros que pudiera contribuir a atender las consecuencias de un accidente ocurrido en el contexto de una actividad organizada dentro de sus instalaciones.

La respuesta y el comportamiento institucional durante aquellos días abrieron una serie de cuestionamientos difíciles de ignorar.

Ante las consultas de la familia, la dirección de la institución no atendió directamente la situación y, según lo comunicado, se encontraba fuera del país. En su lugar, intervino un representante legal, quien manifestó que no existía un seguro de riesgos que cubriera al accidentado bajo las condiciones de su participación, argumentando que no se trataba de un visitante ordinario del museo, sino de un arrendatario de una sala destinada a la exhibición.

Esta explicación introduce una contradicción que merece ser examinada. ¿En qué momento una persona que llega a desarrollar un proyecto artístico dentro de una institución cultural deja de ser considerada parte de una actividad institucional y pasa a ser únicamente un arrendatario? ¿Qué responsabilidades asume una institución cuando recibe, programa, autoriza y desarrolla actividades con agentes externos? ¿Dónde quedan las obligaciones de seguridad, prevención y acompañamiento cuando las personas involucradas no forman parte de su planilla laboral?

La cuestión no es menor. La exposición había sido trabajada durante meses, mediante reuniones, acuerdos y coordinaciones. El artista invitado llegaba desde España y el proyecto requería una logística específica. Sin embargo, el montaje quedó condicionado por un plazo de apenas tres días, una circunstancia que puso al equipo bajo una presión considerable, especialmente ante la ausencia de personal propio de montaje que pudiera apoyar adecuadamente el proceso.

A esto se suma otro hecho particularmente delicado: el contrato bajo el cual se establecía la condición de arrendamiento fue presentado para su firma apenas unas horas antes de la inauguración y del accidente.

La temporalidad de este documento plantea preguntas legítimas. Si el proyecto había sido organizado con suficiente antelación, ¿por qué un contrato de esta naturaleza se formalizó prácticamente al final del proceso? ¿Por qué no se establecieron desde el inicio las condiciones de seguridad, responsabilidades y coberturas correspondientes? ¿Qué información recibió el gestor sobre las condiciones bajo las cuales estaba desarrollando su trabajo?

Pero las circunstancias se volvieron todavía más preocupantes cuando la familia intentó obtener una copia del contrato. La institución condicionó su entrega a hasta que se presentara personalmente o a que se aportara una autorización firmada por él. Esto ocurría mientras permanecía en coma, hospitalizado y con un pronóstico que no permitía siquiera saber si volvería a recuperar la conciencia.

La imposibilidad material de cumplir con ese requisito no parecía suficiente para que la institución reconsiderara su posición.

El documento, que debía permitir esclarecer las condiciones de participación y las responsabilidades de las partes, se convirtió en un elemento inaccesible precisamente cuando más se necesitaba conocer su contenido.

La indiferencia no terminó con la emergencia médica. Una vez que Castillo logró sobrevivir y comenzó su proceso de recuperación, la institución mantuvo una posición distante. Según lo ocurrido, incluso se indicó al equipo del museo que evitaran establecer contacto con él o abordar el asunto.

Resulta particularmente difícil comprender esta actitud cuando hablamos de una relación profesional que no comenzó con aquella exposición. Castillo Picado había desarrollado durante años una labor de gestión artística y había sido responsable de impulsar y acercar diferentes proyectos expositivos a la propia institución. Existía, por tanto, una trayectoria de colaboración y conocimiento mutuo que hacía todavía más desconcertante la ausencia de comunicación.

No se trataba de exigir privilegios por una relación personal o profesional. Se trataba de reconocer una responsabilidad mínima hacia una persona que había trabajado para hacer posible un proyecto que también beneficiaba a la institución.

Y aquí aparece el verdadero problema. Las instituciones culturales suelen hablar de colaboración, intercambio, apoyo a los artistas, promoción de la cultura y construcción de oportunidades. Sus discursos institucionales se alimentan de los proyectos que reciben, de los artistas que presentan, de los gestores que articulan y de las redes que otros construyen. Sin embargo, pocas veces se discute con la misma intensidad qué responsabilidades adquieren frente a quienes hacen posible esas actividades.

¿Qué sucede cuando el artista, el gestor o el productor deja de ser un colaborador conveniente y se convierte en una persona que necesita respuestas?

¿La colaboración institucional termina cuando se inaugura una exposición? ¿Las responsabilidades desaparecen cuando el contrato establece una relación de arrendamiento? ¿Puede una institución cobrar por sus espacios, establecer condiciones de uso y beneficiarse del prestigio de los proyectos que recibe sin garantizar mecanismos transparentes de seguridad y atención?

También es necesario cuestionar el modelo económico bajo el cual funcionan determinados espacios culturales. Los costos de alquiler de las salas, las condiciones contractuales y las obligaciones que se trasladan a los productores externos deben corresponderse con garantías claras. Si una institución recibe ingresos por el uso de sus instalaciones, también debería ofrecer transparencia sobre las condiciones de seguridad, los seguros existentes, las responsabilidades sobre terceros y los protocolos de actuación ante una emergencia.

No se trata de afirmar que una institución deba asumir automáticamente todas las consecuencias de cualquier accidente, ni de anticipar responsabilidades legales que deben determinarse mediante los procedimientos correspondientes. Se trata de exigir claridad, diligencia, transparencia y una conducta institucional coherente con la función cultural que se supone que desempeña.

Porque la responsabilidad institucional no puede reducirse a aquello que está escrito en un contrato, especialmente cuando las condiciones de ese contrato se presentan para su firma apenas horas antes de una actividad.

Han transcurrido dos años desde aquellos acontecimientos. A la fecha, según el testimonio de Castillo, no ha recibido una comunicación institucional formal, una explicación satisfactoria ni siquiera una carta que permita comprender la posición de la institución frente a lo sucedido. El documento contractual solicitado tampoco fue facilitado a la familia durante la emergencia, y su acceso continúa siendo una cuestión pendiente.

Dos años de silencio también constituyen una forma de respuesta. Y quizás sea precisamente ese silencio lo que más debería preocuparnos. No estamos hablando únicamente de una experiencia individual. Lo ocurrido permite abrir una discusión mucho más amplia sobre las condiciones en las que trabajan los artistas, gestores, curadores y productores independientes dentro de instituciones culturales públicas o privadas. Sobre la ausencia de mecanismos de protección, la asimetría entre quienes administran los espacios y quienes necesitan utilizarlos, y la facilidad con la que determinadas estructuras pueden desvincularse de las personas una vez que los proyectos dejan de representar un beneficio inmediato.

Una institución cultural no debería medirse exclusivamente por la cantidad de exposiciones que presenta, los nombres que consigue convocar, el prestigio de sus invitados o los ingresos que obtiene mediante el alquiler de sus espacios. También debería medirse por la manera en que responde ante las personas que hacen posible su funcionamiento.

La cultura no se construye únicamente con obras, exposiciones y programas. Se construye con trabajo humano, con relaciones profesionales, con confianza y con responsabilidades compartidas. Si una institución está dispuesta a recibir el prestigio de un proyecto, también debería estar dispuesta a reconocer la responsabilidad que implica recibir a las personas que lo hacen posible. Porque una institución puede no tener la obligación de resolver todos los problemas de quienes colaboran con ella, pero no debería tener la indiferencia como política de funcionamiento.