Arte Contemporáneo · Crítica · Opinión · Reflexión Crítica
¿PARA QUÉ TRACTORES SIN VIOLINES?
EL RETROCESO DE LA CULTURA EN COSTA RICA
Hablar de la cultura en Costa Rica es hablar de un sector que durante años ha sido progresivamente precarizado y que hoy enfrenta una situación que debería preocuparnos como sociedad. No se trata únicamente de las artes visuales, la música, el teatro, el cine o la danza, sino de un ecosistema mucho más amplio que incluye patrimonio, literatura, gastronomía, diseño, investigación, gestión cultural, producción artística, educación y todas aquellas expresiones que construyen la identidad de un país.
Costa Rica edificó buena parte de su identidad moderna sobre la educación, la institucionalidad pública, la democracia, la ausencia de un ejército, la protección de la naturaleza y una determinada idea de desarrollo social. La cultura también fue parte de ese proyecto, aunque muchas veces no se le haya reconocido con la misma importancia que a otros sectores.
El 26 de julio de 1972, el entonces presidente José Figueres Ferrer durante la inauguración del Programa Juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional, dijo una de las frases más emblemáticas de la historia cultural costarricense: “¿Para qué tractores sin violines?”. Fundamentalmente, un país necesita desarrollo material, pero también de pensamiento, sensibilidad, educación y cultura.
Más que una simple frase, aquella idea planteaba una concepción de país: el desarrollo económico no debía convertirse en un fin en sí mismo, sino estar acompañado por una sociedad capaz de producir conocimiento, sensibilidad y cultura. Figueres incluso vinculó ambos elementos al señalar que los tractores y los violines eran necesarios.
Esta idea continúa vigente, pero hoy parece adquirir un sentido inverso. Se siguieron construyendo carreteras, edificios y proyectos de modernización, mientras las condiciones para que la cultura se desarrolle profesionalmente comenzaron a debilitarse.
Durante el siglo XX, el país fue capaz de construir instituciones culturales, museos, teatros, bibliotecas, orquestas, escuelas de arte y sistemas de formación que contribuyeron a consolidar una identidad nacional. También fue un país que apostó tempranamente por la infraestructura y la modernización. San José, por ejemplo, contó con alumbrado eléctrico desde 1884 y las fuentes históricas nacionales la identifican como la primera ciudad de América Latina en contar con este servicio. Sin embargo, esa imagen de progreso comenzó a convivir con décadas de deterioro de infraestructura, abandono patrimonial, pérdida de espacios públicos y dificultades para modernizar servicios esenciales. El problema no fue necesariamente querer modernizar el país, sino que muchas veces esa modernización no logró conservar ni fortalecer aquello que ya había sido construido.
Algo similar ocurre hoy con la cultura. Las cifras presupuestarias muestran una situación que merece atención: durante varios años el presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud se ha mantenido dentro de un rango relativamente estrecho, mientras aumentan los costos de operación, mantenimiento la infraestructura y necesidades de un sector cultural cada vez más amplio. El problema, por tanto, no puede reducirse únicamente a cuánto dinero se asigna, sino también a qué se prioriza, cómo se distribuyen los recursos y qué condiciones se están generando para quienes producen cultura.
Es así como el deterioro no se mide únicamente en las cifras presupuestarias, también puede observarse en la desaparición, transformación o debilitamiento de espacios que durante décadas fueron importantes para la vida cultural del país. ¡¿Cuántas instituciones, galerías o teatros hemos visto cerrar o perder su función original desde finales del siglo XX y principios del XXI?! Así mismo, ¡¿cuántos artistas han emigrado de nuestro país en busca de mejores condiciones y reconocimiento?!, ¡¿ cuántos han dejado de lado su labor por que no existen condiciones para elaborar su oficio?!
Quienes hemos vivido parte de esa historia recordamos espacios como la Galería GANAC, la Galería Joaquín García Monge, ubicada en el centro de San José, Galería del Melico Salazar, entre muchas otras, lugares que formaron parte de un circuito cultural destinado a exhibir, adquirir, discutir y poner en circulación la producción artística nacional.
En adición a lo anterior, se fueron debilitando otras formas de apoyo institucional a la creación y a la adquisición de obra. Durante décadas existió una relación más directa entre las instituciones públicas, los artistas y la producción artística nacional. Las compras de obra, las exposiciones, los premios, las colecciones públicas y los espacios de circulación constituían mecanismos que permitían que el arte también tuviera una dimensión económica y profesional. Cuando esos mecanismos se reducen, desaparece algo más que una partida presupuestaria: se debilita el propio ecosistema cultural, así como las posibilidades de que el artista pueda vivir de su trabajo.
Como artista, recuerdo aquel momento que muchos vivimos junto al exministro de Cultura Guido Sáenz, cuando la Antigua Aduana fue escenario de una acción de resistencia y recuperación de un inmueble que posteriormente llegaría a convertirse en uno de los espacios más fundamentales para múltiples actividades culturales del país.
La trayectoria de Sáenz está vinculada a algunos de los grandes proyectos que transformaron la institucionalidad cultural costarricense, entre ellos la revolución musical de la Orquesta Sinfónica Nacional (1970) y la recuperación de la Antigua Aduana (2003); además de estos hitos, su legado incluye la creación de otros espacios urbanos fundamentales como la Plaza de la Cultura, el Teatro Popular Melico Salazar, el Parque de la Paz y la transformación del antiguo aeropuerto de La Sabana en el actual Museo de Arte Costarricense (MAC).
Aquella acción representa, para quienes la vivimos, algo que hoy parece cada vez más necesario: la capacidad de defender los espacios destinados a la cultura y entenderlos como patrimonio de todos, no como simples inmuebles administrativos.
Esto nos reitera que la memoria cultural también está hecha de esas luchas. Por eso resulta difícil aceptar que cada generación tenga que volver a defender aquello que otras generaciones ya conquistaron. Desde la perspectiva de este artista, debería existir una política de Estado capaz de proteger, fortalecer y ampliar ese patrimonio institucional; no una sucesión de ciclos en los que cada administración redefine, reduce o abandona proyectos según sus prioridades. Y frente a esto, tampoco podemos permitir que la memoria se convierta en silencio.
El actual ministro de Cultura, ha hablado públicamente sobre que tenemos una “memoria corta”, frente a los acontecimientos del país. Esa misma idea debería aplicarse también a la política cultural y recordar qué instituciones se construyeron, qué espacios se perdieron, qué luchas fueron necesarias para recuperarlos y qué consecuencias tiene permitir nuevamente su deterioro; porque la cultura también tiene memoria, y quienes formamos parte de este ecosistema (artistas, gestores, curadores, investigadores, productores, instituciones, trabajadores y públicos) no podemos permanecer indiferentes ante decisiones que terminan debilitando las condiciones necesarias para que la cultura exista.
No se trata de defender privilegios, sino de defender un derecho cultural construido durante generaciones. El quid del asunto es entender que cada espacio que desaparece, cada colección que deja de crecer, cada programa que se debilita, cada artista que abandona su profesión y cada institución que pierde su capacidad de actuar, representa una pequeña pérdida dentro de un proceso mucho mayor.
El retroceso cultural rara vez ocurre de un día para otro. Ocurre poco a poco. Hasta que un día miramos hacia atrás y descubrimos que aquello que alguna vez consideramos fundamental para construir el país ya no existe, no funciona o no tiene los recursos necesarios para cumplir la función para la que fue creada.
¿De qué viven los artistas?
Durante años hemos construido un sistema en el que se celebra la obra terminada, pero pocas veces se reconoce adecuadamente el trabajo necesario para producirla. Se inaugura una exposición, pero no se remunera al artista; se organiza un festival, pero se negocian honorarios mínimos; se solicita una conferencia, una curaduría, una investigación, una producción audiovisual o una participación en un proyecto bajo la lógica de que la visibilidad puede sustituir al pago.La pasión no es un salario, tampoco la exposición, la visibilidad o el reconocimiento; no puede convertirse en sustituto permanente de los honorarios profesionales.
El resultado de estas reflexiones es una progresiva precarización del sector cultural independiente que terminan sosteniendo proyectos con recursos propios, trabajos paralelos, ayudas familiares o mediante una permanente búsqueda de convocatorias y fondos.
La consecuencia directa, es que la cultura comienza a convertirse en una actividad accesible principalmente para quienes pueden financiar con recursos externos su propio trabajo artístico, y eso termina afectando no solo a las actuales, sino a las nuevas generaciones.
Si un joven que estudia arte, música, teatro, cine o diseño, al terminar su formación encuentra un ecosistema incapaz de ofrecer condiciones profesionales, el país pierde ese talento, no porque la persona carezca de capacidad, sino porque el sistema no consiguió construir las condiciones económicas para retenerla.
La cultura no puede reducirse a entretenimiento; una sociedad culturalmente activa produce memoria, pensamiento crítico, identidad y capacidad de imaginar otros futuros.
Un museo conserva una parte de nuestra memoria, así como el teatro produce pensamiento desde el cuerpo. Una película registra una época, tal como una canción puede convertirse en memoria colectiva. Una obra de arte puede cuestionar aquello que la sociedad prefiere no mirar; una biblioteca democratiza el conocimiento y un proyecto comunitario puede generar pertenencia, por eso, la cultura también es infraestructura social.
Esta reflexión adquiere todavía mayor relevancia en una Costa Rica, dado que actualmente enfrenta un escenario de creciente violencia. La cultura no sustituye las políticas de seguridad, ni un museo puede reemplazar a las instituciones responsables de combatir el crimen organizado, sin embargo, una política pública integral debería comprender que la educación, la cultura, el deporte, la comunidad y las oportunidades económicas forman parte de las condiciones necesarias para construir alternativas para las nuevas generaciones y, al mismo tiempo, alejarlas de escenarios de exclusión y marginalidad que pueden conducirlas hacia aquello que precisamente se pretende combatir: la delincuencia.
Si bien el actual Gobierno ha planteado acercar a las nuevas generaciones a los centros penitenciarios como una forma de generar conciencia sobre las consecuencias de la delincuencia, resulta necesario pensar también en la prevención desde otra perspectiva: fortalecer los espacios donde esas mismas generaciones puedan construir otras posibilidades de vida y visitar museos, teatros, bibliotecas, escuelas de arte, música, deporte y centros culturales. No deberían ser considerados espacios secundarios frente a las políticas de seguridad, sino parte de una estrategia integral de prevención. No basta con mostrar las consecuencias de la violencia; también es necesario ofrecer alternativas capaces de generar educación, pensamiento, identidad, pertenencia y oportunidades.
Mientras el país enfrenta una de las mayores crisis de violencia de las últimas décadas, junto con problemas de desigualdad y deterioro urbano, resulta contradictorio debilitar precisamente aquellos espacios e invertir y entender que invertir en cultura es invertir en el futuro, fortalecer una parte fundamental de aquello que Costa Rica proyecta hacia el mundo.
No se trata de establecer una absurda oposición entre comer un casado y comer una hamburguesa de McDonald’s o cadena internacional; el problema aparece cuando una sociedad comienza a sustituir progresivamente sus propias expresiones culturales por productos globalizados y, al mismo tiempo, deja de invertir en las condiciones que permiten que su propia producción cultural sobreviva.
La gastronomía, la música, el diseño, las artes visuales, la artesanía, la arquitectura, el patrimonio, las fiestas tradicionales, el cine y la literatura también forman parte de una economía cultural. Costa Rica cuenta con un tejido compuesto por artistas, investigadores, gestores, instituciones, universidades, patrimonio, escuelas de arte, turismo, biodiversidad y, sobre todo, una imagen internacional construida durante décadas. El problema es que estos elementos todavía no están suficientemente articulados dentro de una verdadera política cultural y económica de largo plazo, capaz de reconocerlos como parte estratégica del desarrollo del país.
Una política de esta naturaleza no debería concebir la cultura como un gasto ornamental, sino como una inversión en identidad, educación, economía creativa, turismo y desarrollo humano, porque el verdadero peligro es que, lentamente, desaparezcan las condiciones que hacen posible producir cultura, que cierren espacios independientes; que un artista tenga que abandonar su profesión; que un músico no pueda vivir de su trabajo, que un actor deje de actuar, que una compañía de danza desaparezca; que un cineasta no consiga para producir, que una investigación sobre patrimonio no encuentre financiamiento, que un edificio histórico continúe deteriorándose o que una generación de jóvenes concluya que dedicarse a la cultura no es una profesión sino un lujo; ese es el verdadero retroceso.
No debería de preocuparnos necesariamente la desaparición inmediata de la cultura, sino su precarización hasta convertirla en una actividad sostenida por el sacrificio personal de quienes la producen. Costa Rica no necesita escoger entre tractores y violines, necesita comprender que ambos son parte del mismo proyecto país.
Un país puede tener carreteras, edificios, tecnología y crecimiento económico, pero si pierde la capacidad de conservar su memoria, producir pensamiento, proteger su patrimonio y permitir que sus artistas vivan dignamente de su trabajo, también pierde una parte esencial de aquello que lo hace país.
Costa Rica ha creado una identidad basada en la educación, la paz, la naturaleza y la cultura. El desafío de nuestro tiempo es decidir si esa identidad seguirá siendo una realidad o terminará convertida únicamente en una estrategia de promoción internacional, porque la naturaleza puede atraer al visitante, la infraestructura puede facilitar su llegada, el turismo puede generar ingresos, pero es la cultura la que puede decirnos quiénes somos.
Y si dejamos de financiarla, de protegerla y de permitir que quienes la producen puedan vivir de ella, no estaremos simplemente recortando un presupuesto, estaremos reduciendo, poco a poco, la capacidad de Costa Rica para imaginarse a sí misma. Y quizá ahí encontremos nuevamente el sentido de aquella frase pronunciada hace más de cincuenta años: ¿Para qué tractores sin violines?
Revisión filológica: Tannya Soto H.
Comentarios